Para la mayoría de los ciudadanos españoles, hablar de Europa equivale a hablar de futuro. Europa ha sido tradicionalmente sinónimo de libertad, normalización democrática y prosperidad económica. Nuestro ingreso en la entonces Comunidad Europea el 1 de enero de aquel lejano 1986, tras la firma del Acta de Adhesión el 12 de junio de 1985, nos permitió poner en práctica lo que Varela Ortega ha denominado "agenda de modernización", apoyada en escuela, despensa, obra pública, industria y europeización.
Pero Europa posee, además de un contenido económico indudable, un significado muy especial para aquellos que, como quien escribe estas líneas vivimos apasionadamente los años de la transición española. En esa época, la referencia al viejo continente constituía una suerte de innovación mágica, una llave que daba acceso al Estado del Bienestar que habríamos de levantar en aquellos años. Frente a un país enfrentado al reto de construirse, Europa emergía ya entonces como un modelo a seguir.
Hoy, casi veinte años más tarde, podemos contemplar la obra con satisfacción y perspectiva. El Estado social y democrático de derecho cuenta con sólido arraigo en España, y gran parte de esa fortaleza se la debemos a la Constitución de 1978, clave de bóveda de nuestro ordenamiento jurídico. pero, si bien la transición de nuestro país a la normalidad democrática y la homologación con las naciones de su entorno puede darse por concluida, el proceso de construcción europea sigue avanzando. Con la elaboración de una Constitución Europea se ha hecho presente, una vez más, el principio de continuidad, apoyado en aquellas palabras del Ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Robert Schuman: "Europa no se hará de un solo golpe, sino en una construcción conjunta a través de realizaciones concretas, creando ante todo una solidaridad de hecho".