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En este libro se analiza la autorregulación, una realidad gestada extramuros del Estado y del Derecho, desde una perspectiva jurídico-pública. Se advierte, así, que instrumentos provenientes de la órbita empresarial o del ámbito profesional son utilizados hoy con toda normalidad en la gestión pública, complementando o, incluso, sustituyendo, según los casos, los instrumentos de regulación de corte tradicional. Proliferan los códigos éticos, los códigos de conducta o de buen gobierno, los manuales de buenas prácticas, los protocolos y las normas técnicas, en espacios en los que disminuye la presencia de reglamentos administrativos. La certificación privada del cumplimiento de normas, las ecoauditorías y los sellos y marcas de calidad permiten una relajación de la actividad inspectora y autorizatoria de la Administración. Incluso la potestad administrativa sancionadora parece quedar a la expectativa de los poderes disciplinarios y de las funciones arbitrales que ejercen determinados organismos de autocontrol. De funcionar correctamente, la autorregulación permitiría superar el déficit de ejecución de las decisiones administrativas, satisfaciendo al mismo tiempo las demandas de quienes propugnan una reducción de la presencia del Estado en la regulación de las actividades privadas. Ello no obstante, no parece razonable que sean los propios destinatarios de las normas quienes fijen de forma unilateral sus contenidos, o que el control del cumplimiento de tales normas sea cedido de modo exclusivo, o quienes reciben un precio a cambio del mismo. Para garantizar la satisfacción de los intereses generales es necesario que los poderes públicos se encarguen de fijar los cauces y procedimientos a través de los cuales debe desarrollarse la autorregulación y se cuiden de establecer los controles a los que ésta deba someterse. Es por ello que la autorregulación llamada a complementar o sustituir a los tradicionales instrumentos de intervención pública es, necesariamente, una autorregulación regulada, esto es, una autorregulación diseñada, controlada y supervisada por el Estado y por la Administración.
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