El carácter simultáneamente reciente y novedoso de la incorporación del entorno natural al elenco de valores social y jurídicamente reconocidos como susceptibles de protección penal hace que su estudio y análisis resulte, ya de por sí, mas que conveniente para alcanzar una aplicación razonada y razonable de aquellos preceptos del ordenamiento jurídico penal destinados a la tutela del medio ambiente.
Si a ese carácter eminentemente novedoso, le añadimos la extrema dificultad técnico-jurídica suscitada por la creación de este nuevo Derecho Penal Ambiental, tanto por las peculiares características del fenómeno social que se pretende regular (el problema medioambiental) como por la inevitable relación que estas normas punitivas de nuevo cuño han de plantear respecto a otras ramas del ordenamiento jurídico, y la existencia de un proceso de discusión doctrinal y jurisprudencial de más de quince años (al menos desde 1.980 hasta 1.995) destinado a solventar todas esas problemáticas, difícilmente podrá negarse que el recurso al Derecho Penal como instrumento de tutela ambiental constituye un acontecimiento de primera magnitud en el ámbito de nuestro Derecho punitivo.
Conscientes de esta circunstancia, las páginas de este trabajo pretenden ofrecer una visión, simultáneamente panorámica y exhaustiva, de las diversas problemáticas técnico jurídicas que desde el primer momento vino suscitando la proyección en el Derecho penal positivo de la decisión político-penal de crear un Derecho Penal destinado a la protección del equilibrio ecológico.
En este sentido, resulta inevitable dedicar los primeros capítulos a cuestiones que, a pesar de su generalidad, permiten construir los basamentos esenciales sobre los que hacer descansar más adelante, la construcción, análisis e interpretación de los concretos preceptos previstos con tal fin en la normativa penal en vigor.
No obstante, la decidida convicción de quien ahora presenta este trabajo de que el análisis del Derecho no puede estar abocado sino a hacer cada día más factible una interpretación y aplicación razonada y razonable del ordenamiento jurídico, nos ha llevado a abordar únicamente aquellas cuestiones cuya resolución puede y debe presentar consecuencias tangibles y efectivas a la hora de interpretar el Derecho Penal Ambiental en vigor: no se puede interpretar la protección penal del entorno natural frente a los actos contaminatorios o esquilmatorios del medio ambiente sin conocer y definir previamente con precisión qué se pretende proteger por el ordenamiento jurídico criminal (bien jurídico protegido) o en qué medida y con qué limitaciones constitucionales debe relacionarse dicha normativa con el Derecho Ambiental Administrativo.
Por lo demás, la existencia, -como ya se ha dicho-, de todo un proceso de discusión doctrinal e, incluso, jurisprudencial, en torno a las principales polémicas suscitadas por la creación de un Derecho Penal destinado a la tutela del equilibrio ecológico, hace más que conveniente no perder en ningún momento la perspectiva histórica al abordar la lectura de cada uno de los preceptos destinados a tal fin en el Código Penal promulgado mediante Ley Orgánica 10/1.995, de 23 de Noviembre; no son pocas las ocasiones en las que, de la confrontación del Código vigente con el tenor literal de los preceptos recogidos en los textos normativos o prelegislativos que le precedieron, puede obtenerse y se obtiene el verdadero sentido que el legislador quiso imprimir a los preceptos finalmente promulgados.
Por lo demás, a lo largo de todo el estudio se realizan constantes referencias y remisiones a los pronunciamientos jurisprudenciales, tanto en relación con la interpretación de los preceptos penales, como respecto a las limitaciones impuestas al legislador y a los intérpretes de tales preceptos desde el Tribunal Constitucional
