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Resulta inobjetable que el medio ambiente es una de las materias cuya protección es absolutamente imprescindible dentro de las coordenadas que marcan la evolución de la nueva sociedad. Al mismo tiempo, una de las vías a través de las cuales se materializa el peligro de que ese equilibrio natural se rompa procede de la actitud de los funcionarios públicos que, lejos de actuar como guardianes de su incolumidad, en ocasiones, propician y pueden llegar a ser verdaderos artífices de los daños que se le infligen. En efecto, en un clima jurídico tan sumamente intervencionista como es el que caracteriza el mundo industrial, donde es precisa la autorización de la Administración Pública para llevar a cabo hasta la más mínima actividad con consecuencias sobre el medio ambiente -o sea, casi todas-, la actuación jurídica sobre la complacencia, cuando no lenidad y venalidad funcionarial puede resultar absolutamente necesaria. La actividad de control del equilibrio natural depende en gran medida de órdenes y autorizaciones
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