En la actualidad ya no se puede hablar de la actividad de las Administraciones Públicas, ni en general de las actividades consideradas como propias de profesionales del Derecho realizadas en el marco de acción propio de instituciones jurídicas, sin atender a que en todas ellas quienes las efectúan utilizan como instrumento auxiliar para su puesta en realidad las tecnologías de la información y la comunicación, y que este uso confiere a las actividades particularidades y características distintas a las que les daba su puesta en acción en un entorno basado en el uso de documentos recogidos en formato papel.

Tampoco es posible caracterizar en todos sus detalles cualquier actividad que sucede en una concreta institución, oficina administrativa o proceso judicial que tiene lugar en determinado país, ciudad, estado o continente. La complejidad, las contradicciones, la heterogeneidad, como algunas de las notas características de los problemas implicados en cada actividad jurídica, impiden tener en cuenta exhaustivamente lo que comporta la solución de un caso determinado. La verdad es que siempre existen matices que no permiten expresar la totalidad de las facetas que pueden estar presentes en el mismo y que pueden aparecer en el desarrollo de procedimientos administrativos o judiciales. Ello es lo propio de un mundo democrático en el que todos, sea cual sea su modo de vida, tienen reconocidos por las leyes los mismos derechos y obligaciones. Estas circunstancias también impiden, por supuesto, detectar la complejidad de las mismas actividades profesionales realizadas en el contexto que les confiere el auxilio de las tecnologías de la información y la comunicación.

Todo lo anterior hace preciso estudiar las actividades jurídicas en írma limitada, considerando ejemplos, ocurridos en distintos países, ayas particularidades puedan ser expresadas con alguna profundidad Ipor expertos de diferentes disciplinas (jurídicas y no jurídicas) conocedores de las mismas, atendiendo al marco de acción propio de las actuaciones administrativas y judiciales realizadas en los Estados democráticos.