En esta monografía se analizan los fundamentos de la protección de los consumidores, así como los derechos que se les
reconocen. El primer fundamento que recogen es el “constitucional”. La Constitución española otorga carácter normativo a la
cláusula “Estado Social”, desarrollándola de forma exhaustiva e inequívoca. Estado Social equivale a un mandato expreso de
configuración de la sociedad en orden a hacer realidad la libertad e igualdad de los individuos; un mandato normativo que no se
agota en esta formulación genérica, sino que se desarrolla pormenorizadamente con mandatos y directivas concretas de
intervención. El principio de protección de los consumidores informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación
de los poderes públicos.
Asimismo, estudlan el «fundamento comunitado» de la protección de los consumidores señalando que en la política comunitaha de protección de los con’ sumidores se distinguen dos fases una pnrnera que se corresponde con la etapa inicial de la Comunidad Europea, donde prima en todos los aspectos la producción y distribución de bienes económtcos con la búsqueda de un mercado común europeo; y una segunda fase, caracterizada por una mayor preocupacióri en relación con la calidad de vida.
Seguidamente analizan la regulación consumerista de la distintas Comunidades Autónomas, dedicando especial atención a los derechos de los consumidores. Las «legislaciones autonómicas» tienen presente que pata disellar estrategias encaminadas a una protección real y efectiva del consumidor, hay que tener en cuenta la realidad en la que nos movemoa El consumidor va a disponer de una más amplia gama de bienes y servicios, ampliando la oferte y, por consiguiente, las posibilidades de elección, aunque con la caixteds&a, por contra, de un mercado más complejo. Ves precisamente, por la tendencia a la giobalizaclón de los mercados que, a la par de otros problemas estructurales y sociales que plantean las nuevas tecnologías de le información y, por ende, la sociedad de la información se deben resolver en un mamo más amplio en donde junto con medidas de tipo jurídico, deben existir otras de tipo educativo, económico o ético, es decir, formar consumklo res conscientes, críticos, solidarios, responsables y conpvmetkios también con su entorno medio ambiental.
Con independencia del prcpk, interés de esta monografía, su oportunidad es clara en un momento en que la protección de los consumidores se constituye en una de las políticas públicas de primer orden, contribuyendo de manera decisiva a la consecución de los objetivos de política social, económica y cultural trazados por la Constitución ypor los distintos Estatutos de Autonomla.
En definitiva, el objetivo de esta obra es prestar un servido y una utiLidad instrumental práctica y pedagógica a los profesionales del consumo tanto de las Administraciones Públicas como de la sociedad civil, incluidas las asociaciones de consumidores, fomentando el interés por el estudio crítico y constructivo de los derechos de los consumidores mediante una exposición clara y sencilia de la materia.