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La Constitución Española estableció las bases del Estado autonómico y en su articulado encontró respaldo la diversidad nacional y regional, caracterizada por la existencia de instituciones propias y por el autogobierno. Sin embargo, el proceso no está cerrado ya que existen sectores que reivindican el desarrollo del art. 2 de la CE y un modelo territorial de gobierno equiparable a las federaciones democráticas; que el Estado se organice territorialmente a partir de la distribución de las competencias de gobierno, garantizando la posibilidad de que los poderes públicos de las Comunidades Autónomas puedan decidir sus propias políticas. Esta obra adquiere una especial relevancia ya que, con rigor técnico y acierto, se ocupa de los aspectos más importantes del proceso de reforma y del análisis de institutos jurídicos que están dirigidos a desempeñar un papel estelar en materia de recursos financieros o de organización administrativa.
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