La protección que el artículo 41 de la Constitución española otorga a todos los ciudadanos se manifiesta, entre otros derechos, en la prestación de asistencia sanitaria, en la concesión de indemnizaciones por accidentes, en las prestaciones por incapacidad temporal, en las pensiones contributivas o no contributivas (jubilación, viudedad, invalidez, etc.) o en la protección en situación de desempleo. Cuando el ciudadano estima que existe un perjuicio para sus intereses, bien por negarse las entidades gestoras o los servicios comunes de la Seguridad Social a concederle las peticiones que hubiere realizado, bien por la revocación de los actos declarativos de derechos que tuviere concedidos, prescindiendo de las garantías legales, podrá demandar ante la jurisdicción laboral a estas entidades a través de la modalidad procesal sobre Seguridad Social, salvo en aquellos casos que corresponda su conocimiento a otros órganos jurisdiccionales, como en la reclamación contra las resoluciones dictadas por la Tesorería General de la Seguridad Social en materia de gestión recaudatoria