Como señala la Exposición de Motivos de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, el fraude fiscal es un fenómeno del que se derivan graves consecuencias para el conjunto de la sociedad: implica una merma para los ingresos públicos, lo cual tiene una clara incidencia en la presión fiscal que soportan los contribuyentes cumplidores; condiciona la calidad de los servicios públicos y de las prestaciones sociales; y distorsiona la actividad de los agentes económicos, de modo que las empresas fiscalmente cumplidoras deben enfrentarse a la competencia desleal de las incumplidoras. En definitiva, «el fraude fiscal constituye el principal elemento de inequidad de todo sistema tributario». La actuación de los poderes públicos frente a los comportamientos defraudatorios debe encaminarse no sólo a su detección y a la regularización tributaria, sino también a evitar que esos incumplimientos tengan lugar, incidiendo en el carácter disuasorio de la lucha contra el fraude, y a la vez favoreciendo el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. La presente obra colectiva aborda las más recientes medidas adoptadas al respecto en España y en otros países de nuestro entorno, así como la incidencia del Derecho comunitario sobre esta materia.