La Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, fue ratificada por el Estado español en el año 1990. La importancia de esta norma internacional en el ámbito de los Derechos de la infancia y de la adolescencia ha sido incuestionable, al impulsar la cooperación internacional para avanzar hacia la efectividad de esos derechos exigibles, sistematizados en torno a la protección social, la educación, la salud, el ocio, la inserción sociolaboral y la participación ciudadana de la infancia y la adolescencia. En muy pocas ocasiones se reconoce al conjunto de niñas, niños y adolescentes, como un colectivo social que debe ser, no sólo escuchado, sino sobre todo atendido y entendido, cumpliéndose el deber de promover la existencia de espacios donde, como verdaderos protagonistas de sus derechos subjetivos, puedan expresar sus inquietudes y participar como ciudadanos, ejerciendo actitudes democráticas de una manera activa. En este contexto, debe ponerse de relieve la organización de los Congresos y Precongresos Mundiales sobre Derechos de la Niñez y la Adolescencia, de cuyas aportaciones y conclusiones finales, en forma de Declaraciones, se evidencian las reivindicaciones y las aspiraciones globales sobre la aplicación real y efectiva de la Convención de los Derechos del Niño.