La sentencia del Tribunal Constitucional 166/1998, de 15 de julio, viene a quebrar con el privilegio secular de la inembargabilidad de los bienes patrimoniales de las Entidades locales que proclamaba, entre otros, el art. 154. 2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. Este pronunciamiento exige, sin embargo, que el bien no se halle afectado a un uso o servicio público lo que, en cierta manera, contradice la definición tradicional de bienes patrimoniales en nuestro Derecho público.
En esta obra tratamos de ofrecer las bases argumentales y criterios jurídicos en los que fundamentar el embargo de los bienes patrimoniales para llevar a buen fin las ejecutorias contra la Administración. Asimismo, se analiza la aplicación de esta trascendental sentencia al ámbito de las demás Administraciones aparte de la Local y el encaje del nuevo sistema con el régimen de ejecución de sentencias articulado en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis