Si la reducción de la litigiosidad es un buen indicador del acierto de la acción legislativa, es probable que deba reputarse atinada la reforma del régimen especial de las entidades sin ánimo de lucro operada por la Ley 49/2002 de 24 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos. Transcurridos cinco años desde su entrada en vigor sin que las búsquedas en bases de datos arrojen todavía como resultado resolución alguna del Tribunal Económico Administrativo Central o de los Tribunales Superiores de Justicia que verse sobre su aplicación, cabe concluir, aunque parezca aún prematuro, que la reforma ha cumplido con creces sus objetivos.