Este trabajo de investigación versa en torno a la llamada, genéricamente, coordinación (en ocasiones, también denominada armonización) del impuesto sobre sociedades
en la Unión Europea. En particular, su objeto de estudio está constituido por el análisis de las medidas y propuestas comunitarias que se han dirigido utilizando cualquier vía, medio o instrumento, y hayan o no alcanzado su fin a conseguir una aproximación de las normativas domésticas que regulan el impuesto sobre sociedades de los Estados miembros de la Unión Europea. A tal efecto, ha sido obligado, con carácter previo a la realización del referido análisis, efectuar una evaluación del interés y la necesidad de la existencia de una actividad comunitaria encaminada hacia dicha coordinación de la imposición directa societaria.

De este modo, por su peculiar contenido, este trabajo puede subsumirse dentro del bloque científico que ocupan los estudios dedicados al acuñado Derecho fiscal europeo o bien Derecho comunitario Tributario, concebido éste como un ordenamiento jurídico supranacional, que recoge los instrumentos jurídicos (con la acepciones y particularidades que éstos revisten en el acervo comunitario) emanados de las instituciones de la Unión Europea y dirigidos a regular determinados aspectos de naturaleza tributaria, algunos de ellos vinculados a la propia organización internacional de la que emanan, y otros, dirigidos propiamente a modificar los ordenamientos jurídicos propios de los Estados miembros. Por otro lado, en lo que se refiere a la justificación de la elección de este concreto objeto de investigación, debe puntualizarse que su fundamento se debe, principalmente, a la razón de cubrir una laguna a nuestro modo de ver todavía existente, dentro del ya abundante corpus de estudios que, durante los últimos años, han sido publicados en relación con el Derecho comunitario Tributario, tanto por investigadores españoles como por otros de diferentes nacionalidades europeas.

En este sentido, el enfoque dado a este trabajo presenta como novedad más importante, su amplio espectro, que si bien se ciñe, dentro de la imposición directa, solamente al impuesto sobre sociedades, abarca sin embargo toda actividad armonizadora o coordinadora generada respecto a esta figura tributaria, desde
la génesis de las Comunidades Europeas (en adelante, CCEE) 3 hasta la fecha de hoy. En síntesis, este estudio, al ofrecer un análisis global de la evolución histórica
de cada una de las medidas propuestas por la Comisión Europea hayan sido finalmente adoptadas o no, de su situación actual y de las perspectivas de
futuro en este ámbito, así como de la labor ejercida por otras instituciones europeas, va a servir, al lector a un profano en la materia para tener una visión
completa sobre el pasado, presente y futuro de la armonización del impuesto sobre sociedades en la Unión Europea.

También el solo conocimiento de la mutante regulación doméstica del impuesto sobre sociedades sería suficiente justificación para emprender un estudio de esta magnitud, teniendo en cuenta que, hoy en día, algo importante ha cambiado en el enfoque que debe darse a las investigaciones que se emprendan en torno a cualquier aspecto relacionado con este impuesto y, por supuesto, a la mayoría de los que componen el sistema tributario español. Así lo expone con gran acierto MARTÍN LÓPEZ, recogiendo una idea que late fuertemente en todos los estudios ad hoc efectuados por la doctrina científica recordándonos que, en la actualidad, el estudio de la ordenación jurídica de la actividad financiera no puede desconocer las trascendentales implicaciones que para ésta ha supuesto el proceso histórico de integración europea, debido a los múltiples límites que el ordenamiento comunitario con sus notas distintivas de primacía y efecto directo impone al ejercicio del poder tributario de los Estados miembros. Ciertamente, el Derecho comunitario exige, en primer lugar, una cierta armonización de las normativas fiscales de los países de la UE en orden a evitar que las divergencias entre las mismas vulneren la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales o el principio de libre competencia en los que descansa el correcto funcionamiento del mercado interior europeo i.e., integración positiva; y, en segundo lugar, el respeto en la esfera tributaria del principio comunitario de no discriminación, el cual consagra la igualdad de trato en este caso, fiscal entre los nacionales de los distintos Estados miembros i.e. integración negativa. Así pues, el Derecho comunitario restringe cualitativamente la autonomía de los Estados miembros a la hora de conformar sus propios sistemas impositivos, influyendo de manera significativa en la ordenación jurídica de la actividad financiera. En consecuencia, resulta innegable la importancia que, en el momento presente, posee el Derecho comunitario como elemento delimitador del contenido del Derecho Financiero y Tributario, constituyendo uno de los componentes que deben integrar la metodología de nuestra disciplina: la aprehensión del ordenamiento jurídico comunitario representa, por ende, un requisito sine qua non para una cabal aproximación al objeto del Derecho Financiero y Tributario en justa medida, por tanto, el estudio del impuesto sobre sociedades «nacional» requiere, hoy en día, un enfoque diferente al de hace un par de décadas. Ya nadie puede desconocer la gran influencia que ejerce el Derecho comunitario sobre el Derecho interno. De tal manera que el legislador español no solamente se encuentra maniatado en su quehacer diario por las medidas concretas emanadas de Bruselas, sino que está obligado a coordinar su impuesto en pro de objetivos que exceden de sus fronteras; y, a mayor abundamiento, debe permanecer en permanente alerta para no ver cuestionado su trabajo (quizá su cada vez más menoscabado poder tributario), ya no solamente por el tercer poder interno, sino por la censura que pueden ejercer también las instituciones supranacionales.

En este último sentido, ha de destacarse, de un lado, la labor desempeñada por la Comisión Europea, que en ejercicio de su función de «guardiana de los Tratados», le incumbe velar por que los Estados miembros respeten las disposiciones de Derecho comunitario: la Comisión puede así incoar el procedimiento por incumplimiento contra un Estado miembro y exigirle que tome las medidas necesarias para remediar la situación en un plazo determinado 6 (la Comisión dispone de una potestad discrecional para iniciar este procedimiento, la cual puede ejercitar motu propio o por la existencia de una denuncia previa) 7; e, igualmente, la Comisión está también facultada para presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia.