Cualquier estudio que intente abordar algún aspecto de la prevención de riesgos laborales en nuestro país, debe partir, por reiterativo que pueda resultar del art. 40.2 de la Constitución Española. Dicho precepto encomienda a los poderes públicos, entre otras cosas, con una intención generalista, «velar por la seguridad e higiene en el trabajo». De esta manera, la Constitución refleja y asume la necesidad de protección o tutela de la seguridad y salud de los trabajadores que se incorpora a derechos básicos tales como la vida, la integridad física o la salud.

La clásica expresión de la «seguridad e higiene en el trabajo» ha sido sustituida por la más acorde con los tiempos de «prevención de riesgos laborales», tal y como se observará en la normativa internacional y en la nacional a partir de la Ley de Prevención de riesgos laborales, Ley 31/1995 de 8 de noviembre (LPRL).
Es en la Exposición de motivos de la LPRL dónde se afirma que la imposición constitucional implica la necesidad de desarrollar una política de protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados del trabajo, e igualmente manifiesta el deber básico de los trabajadores a la protección y a la adopción de medidas particulares en relación con categorías específicas de trabajadores, entre las que se incluyen aquellos trabajadores «sujetos a relaciones laborales de carácter temporal».

El análisis de estas cuestiones constituye el objeto de la presente monografía. Dos aclaraciones al respecto:

En primer lugar, podemos definir la política de prevención de riesgos laborales como un conjunto amplio y heterogéneo de actuaciones de los poderes públicos dirigida a la promoción y mejora de las condiciones de trabajo, cuya base se encuentra en los principios de eficacia, coordinación y participación, principios que afectan tanto a las actividades de las Administraciones Públicas como a la participación institucional de trabajadores y empresarios a través de sus organizaciones representativas.