Si a todos queda claro que es necesaria una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, el panorama no se torna halagüeño, a la vista de lo cual, hemos pretendido con la monografía que presentamos, no arbitrar las líneas generales de una posible reforma, ya ha habido varios autores que lo han hecho, sino abordar temas concretos y ofrecer, por un lado, alternativas legislativas a lo actualmente regulado y, por otro, propuestas de redacción de lo que sólo ha sido objeto, hasta ahora, de tratamiento en la práctica judicial.

Así bien, se ha abordado el tema de la investigación en el proceso penal, pero no tanto para analizar en manos de quién queda la dirección de aquélla, del órgano judicial o del Ministerio fiscal, sino su profunda reforma en lo relativo a su duración, el secreto de las actuaciones y su valor en el juicio oral.

También hemos incidido en un tema sobre el que se ha pronunciado de manera sorpresiva el Tribunal Supremo, se trata de la posibilidad o no de instar la apertura del juicio oral por parte de quien ejercite la acción popular, deteniéndonos en un supuesto concreto, los delitos medioambientales.

A raíz de introducirnos en el estudio de la fase de investigación y el ejercicio de la acción penal, el lugar común de llegada no puede ser otro sino la actual fase intermedia, o futuro juicio de acusación al que, sin duda, debemos tender.

A continuación se abordan dos de los medios probatorios de mayor importancia en el actual proceso penal, a la vista de cuáles son los hechos delictivos que más alteran el orden público, en primer lugar, la regulación de la obtención de muestras biológicas para determinar el perfil de ADN, y en segundo, un medio aún no previsto, el documento electrónico.

Por último, es objeto de tratamiento una cuestión que presenta un alto grado de polémica y desacuerdo en doctrina y jurisprudencia, y es el relativo a la mediación en el proceso penal.