El proceso penal es el marco para la gestión de aquellos conflictos de intereses surgidos a consecuencia de la comisión de un delito; pero dicha gestión, a su vez, descansa en la necesidad del esclarecimiento de los hechos (por medio de la actividad probatoria), así como, en el respeto a los derechos humanos de todos aquellos que intervienen en el drama penal. Ahora bien, dentro de este panorama la observancia de los derechos humanos se constituye en una barrera de contención que limita y condiciona la injerencia del poder público en torno a la persecución de delitos y la invasión que dicha persecución genera en la esfera de los derechos y libertades.

Sin embargo, para garantizar la función de contención de los derechos humanos, el propio Estado ha asumido una serie de compromisos y obligaciones jurídicas tanto para la comunidad nacional como la internacional, asumiendo el deber que sus autoridades, dentro del ámbito de su competencia, protegerán y velarán por el respeto a los derechos humanos. Esta gama de compromisos es la que dota de contenido al denominado control de convencionalidad, que en el ámbito judicial es entendido como el poder-deber de todo juez (sea su jurisdicción o jerarquía) de condicionar, dentro del ámbito de su competencia, sus decisiones al respeto de los mencionados derechos. En ese sentido, encontramos en los casos Valenzuela Contreras contra España y Prado Burgallo contra España, sustentados en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como, Almonacid Arellano contra Chile y Rosendo Radilla contra México, tramitados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos los principales referentes en torno al control de convencionalidad.

Luego entonces, en el presente estudio analizaremos como el juez puede aplicar el citado control en el marco del proceso penal; identificando diversas modalidades de aplicación, tales como: el control de convencionalidad en normas jurídicas, el control de convencionalidad en torno a las técnicas de investigación, medidas cautelares y providencias precautorias, así como, el control de convencionalidad para con la tutela o cautela de derechos.

Asimismo, se examina el grado de rendimiento del control de convencionalidad para países como España, que si bien ha suscrito una serie de instrumentos internacionales de protección de derechos humanos (ej. Convenio de Roma) y ha reconocido la competencia de organismos supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la aplicación del control de convencionalidad por parte del juez penal conllevaría a analizar su compatibilidad con el mecanismo de la cuestión de inconstitucionalidad. Situación que se aborda en el libro.

Finalmente, se ha hecho referencia a la aplicación del control de convencionalidad en Latinoamérica; máxime si dicha figura ya ha sido tomada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aplicados por tribunales como la Suprema Corte de Justicia de México. Por tanto, el control de convencionalidad es un instrumento normativo de gran trascendencia y cuya importancia para los sistemas jurídicos (como el europeo o el latinoamericano), comprometidos con los derechos humanos, resalta; en este libro, el lector encontrará toda la información en torno al concepto, modalidades y formas de aplicación del citado control.