La protección jurídica de la lengua de signos es un pilar básico de las políticas de igualdad destinadas a favorecer a las personas sordas. El Estado Social y Democrático de Derecho, en la promoción efectiva de las libertades, debe garantizar a quienes usen la lengua de signos las mejores condiciones para el libre desarrollo de su personalidad a través de todos los medios a su alcance. Por ello, lo más importante para los Poderes Públicos es conseguir en este campo la garantía al máximo nivel del uso y la enseñanza de esta lengua.