Análisis comparativo y ejemplificado de la reforma operada por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

Las medidas que incorpora la Ley 7/2012 están orientadas a colocar nuestro sistema legal a la vanguardia de la lucha contra el fraude y aspiran a dos objetivos inmediatos:
1. Incrementar la seguridad jurídica de nuestro ordenamiento tributario, diseñando un sistema más coherente técnicamente y más predecible, cuya menor litigiosidad permita liberar recursos que destinar a las actuaciones de control.

2. Impactar directamente en los nichos de fraude detectados, causa de una importante fuente de detracción de ingresos públicos.

Para la consecución de estos propósitos, la Ley 7/2012 establece numerosas e importantes modificaciones en la Ley General Tributaria que son debidamente interpretadas por los autores. Pero esta nueva disposición despliega igualmente sus efectos reformadores en otras normas tributarias, estableciendo cambios en la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, Ley del impuesto sobre sociedades, Ley del impuesto sobre el valor añadido, Ley del régimen económico y fiscal de Canarias, Ley del régimen fiscal de las cooperativas o incluso la Ley del mercado de valores.

Todos estos cambios afectan a diferentes figuras y parcelas de la fiscalidad con las que el profesional de los tributos convive de manera cotidiana. Asimismo, las administraciones tributarias también deben conocerlas para actuar de acuerdo con el nuevo marco legal.

Materias como la limitación de los pagos en efectivo, las obligaciones de información sobre bienes y derechos en el extranjero, las ganancias patrimoniales no justificadas, las modificaciones del régimen de estimación objetiva o módulos, la responsabilidad tributaria y el régimen sancionador, los nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo en el IVA y en el IGIC o la modificación del artículo 108 de la Ley del mercado de valores son sólo algunas en las que incide la Ley 7/2012 y que los autores del libro, experimentados inspectores de hacienda, analizan siempre desde un punto de vista teórico-práctico.

El delito fiscal, el concurso de acreedores y el embargo son otras de las figuras con presencia en este manual.

Otros elementos presentes en la obra y que a buen seguro agradecerán los usuarios de la misma son las tablas comparativas de las normas afectadas son sus redacciones original y modificada y la que compara el proyecto normativo con el texto definitivo. El lector también dispondrá del texto completo de la ley para poder realizar cualquier consulta del mismo que le pueda surgir.

En resumen, se trata de un libro muy completo con los comentarios, interpretaciones, casos prácticos y ejemplos alrededor sobre todas y cada uno de los cambios y las novedades que encierra la nueva ley de medidas para la prevención del fraude fiscal.

Por último, indicar que el contenido del manual ha sido actualizado con la incorporación al mismo del Real Decreto 1558/2012, de 12 de noviembre, por el que se adaptan las normas de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a la normativa comunitaria e internacional en materia de asistencia mutua, se establecen obligaciones de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero y se modifica el reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa, aprobado por el Real Decreto 1794/2008, de 2 de noviembre.