La Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) supone la introducción normativa de dos elementos relevantes: la regulación de los derechos del público y de los prestadores de servicios audiovisuales y la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA, implementado por primera vez una autoridad independiente del audiovisual a nivel estatal. Sin embargo, con el nuevo planteamiento presente en el proyecto de Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estos dos elementos relevantes tienden a desaparecer y a convertir a una autoridad independiente, supervisora y reguladora en una autoridad integrada, multisectorial y meramente controladora. En el supuesto de la futura CNMC, la lógica será la inversa a la del modelo anglosajón, ya que desde el control del mercado y la competencia, desde el control técnico se va a ejercer un control de contenidos para delimitar los derechos del público, sin ningún grado de experiencia o de tradición anterior. En este contexto se debería tender a los modelos francés (CSA), italiano o alemán con diversas autoridades independientes centradas en el control de los contenidos desde distintos ámbitos temáticos y territoriales, que se ajusta mejor al planteamiento europeo y a nuestra realidad institucional.