Son millares los ciudadanos que anualmente se dirigen a la Administración General del Estado, a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales reclamando ser indemnizados por los daños que han sufrido como consecuencia del funcionamiento de algún servicio público: daños por accidentes en carreteras y otras vías públicas, daños en el ámbito sanitario, daños en centros educativos, daños derivados de actuaciones policiales, daños en el ámbito urbanístico, daños en materia medioambiental…, y así un largo etcétera de daños imputables a la Administración; daños que unas veces provienen de reglamentaciones contrarias al ordenamiento jurídico, otras veces de actos administrativos ilegales y, las más de las veces, por actuaciones materiales u omisiones que provocan la lesión de los derechos de los particulares.

Esta tercera edición de la obra permanece fiel a sus principales señas de identidad: análisis riguroso de la legislación, estar atenta a las eventuales aportaciones de la doctrina científica y mantenerse en permanente diálogo con la jurisprudencia y con los lectores que han tenido la amabilidad de transmitir al autor sus críticas, comentarios y sugerencias, guardando así la necesaria conexión entre la teoría y la praxis jurídica.

La obra se presenta actualizada haciéndose eco de los cambios legislativos que han tenido lugar en los últimos años. Estos cambios no afectan a los aspectos sustantivos del régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración, pero inciden en diversas partes de su contenido: como principales novedades destacan el nuevo marco regulador de la contratación pública introducido por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el nuevo cuadro de personificaciones instrumentales con la aparición de la figura de las Agencias Estatales.