La financiación ilegal de los partidos políticos es uno de los problemas sin resolver de los que adolece nuestro país. La necesidad de una regulación penal específica que tipifique el delito de financiación ilegal es afirmada en diferentes foros jurídicos, políticos y mediáticos. En este estudio se intentan separar aquellos supuestos que pueden ser objeto de una sanción administrativa de los que pueden ser merecedores de una respuesta penal, distinguiendo entre lo que se puede considerar una financiación ilegal de una financiación corrupta. Uno de los delitos más relacionados con estas conductas es el delito de cohecho, por lo que previo al examen de los problemas que plantea la financiación ilegal de partidos, se hace un breve estudio del mismo, en el que se reafirma, en contra de algunas opiniones recientes, la existencia de un bien jurídico merecedor de sanción penal. Se realiza una propuesta de tipificación concreta del delito de financiación ilegal en la que se diferencian dos grupos de casos, aquellos en los que se ve involucrada la Administración Pública de aquellos en los que no. Ahora bien, no adelantaremos en la solución del problema sin una voluntad política clara, que apueste por la transparencia y por la tolerancia cero contra todo tipo de corrupción.