En una economía globalizada, cada vez son más las empresas que precisan desplazar a sus empleados a países en los que la exposición a determinados riesgos es mucho mayor que en el lugar de origen. En el caso de España, la internacionalización comenzó tarde en comparación con otros países de nuestro entorno, pero lo hizo de manera intensa y se ha incrementado con la situación económica actual. La empresa, además de tener en cuenta factores como la retribución del expatriado, su vida familiar, la vivienda o la fiscalidad, ha de plantearse seriamente la seguridad física del empleado y su familia, que lejos de un entorno conocido, pueden encontrarse en ambientes complicados que representen mayores o nuevos riesgos para su salud, su protección y seguridad. Esto aumenta la responsabilidad corporativa de los empleadores, quienes tienen una obligación legal y moral con el deber de protección de sus empleados.

Esta obra analiza estos aspectos, poco tratados hasta ahora en la literatura jurídica, analizando los Convenios de la Organización internacional del trabajo, la legislación europea y española, así como el marco normativo en alguno de los principales destinos de la empresas españolas en Latinoamérica.