El Tribunal Constitucional suele aplicar a todos los medios de comunicación, indistintamente, los mismos criterios y estándares jurisprudenciales elaborados para resolver los conflictos entre los derechos fundamentales del artículo 20 CE Y otros derechos y bienes constitucionales con los que aquellos habitualmente tienden a colisionar. Y, sin embargo, cualquier lector que se aproxime siquiera someramente a la normativa reguladora de los medios audiovisuales percibirá de inmediato que se les somete a límites y restricciones que, de ser aplicados a la prensa, se considerarían una intromisión constitucionalmente ilegítima en el ejercicio de la libertad de expresión. Este libro trata, en primer término, de destacar los condicionantes que se imponen al contenido de los medios audiovisuales a fin de salvaguardar determinados bienes y derechos de naturaleza constitucional; y, una vez confirmada la existencia de unas restricciones particularmente incisivas, el presente trabajo pretende hacer una incursión en las bases teóricas que justificarían esa protección constitucional menos intensa que brindan a aquellos medios las libertades de expresión e información en comparación con la que disfruta la prensa.