La reforma penal de 2015 incide sustancialmente en el Título XIII del Libro II del Código Penal dedicado a los “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico”, delitos que ya habían sido objeto de modificación por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio.

La reforma de los delitos patrimoniales y, en particular, de los denominados “delitos de apoderamiento” está dirigida al control y castigo de quienes cometen infracciones no graves pero reiteradas contra la propiedad privada y, generalmente, provenientes de las clases sociales más bajas.

Se trata con esta nueva reforma, tal y como expone el Preámbulo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de “ofrecer respuesta a los problemas que plantea la multirreincidencia y la criminalidad grave”. Para ello, el legislador decide, en primer lugar, eliminar el Libro III del Código Penal y tipificar la mayoría de las faltas contra el patrimonio como delitos leves y, en segundo lugar, endurecer las penas previstas para el hurto y el robo con fuerza en las cosas cometidos bajo la concurrencia de determinadas circunstancias. Endurecimiento que cuestiona seriamente la adecuada proporcionalidad que debe existir entre la gravedad del delito y la correlativa respuesta punitiva.

Al estudio de las modificaciones operadas en el ámbito de los delitos contra el patrimonio de apoderamiento, como la incorporación de nuevos tipos cualificados, la ampliación del concepto de fuerza en las cosas, la conversión de las antiguas faltas en delitos leves, etc., así como a los problemas interpretativos que presentan estos delitos se dedica el presente libro.