Se explica cómo se organiza y funciona la Inspección de Trabajo (junto con diversas colaboraciones institucionales que refuerzan el sistema de inspección laboral) y qué régimen jurídico tienen los inspectores de trabajo y los subinspectores laborales, así como se analiza la actuación comprobatoria de la Inspección de Trabajo (con especial tratamiento de la presunción de certeza) y lo que, tras ella, pueda ocurrir en el ámbito de las infracciones y sanciones y en materia de liquidación de cuotas (extensión de actas, o de requerimientos previos), enlazando con un estudio pormenorizado de los procedimientos sancionador y liquidatorio y terminando con las revisiones judiciales que pudieran darse.

Tanto la introducción como los doce capítulos de que consta el libro, se estructuran para facilitar la localización analítica de diversas materias, con epígrafes y subepígrafes muy detallados cuyos descriptivos enunciados son de gran ayuda. Como complemento de alta utilidad práctica, se incluyen textos jurisprudenciales comentados y subrayados, así como esquemas de procedimiento, cuestiones prácticas básicas y formularios. En palabras de Manuel Carlos Palomeque López (autor del prólogo), un "libro total" sobre la Inspección de Trabajo.

NOVEDADES

Nueva estructura sistemática, que facilita la búsqueda de soluciones para problemas jurídicos concretos a lo largo de doce capítulos secuenciados de forma lógica.
Selección de textos jurisprudenciales, respecto de los que se ofrecen resúmenes de litigios y de argumentaciones jurídicas.
Esquemas procedimentales, que contienen no sólo trámites y plazos sino otras referencias importantes de contenido.
Cuestiones prácticas frecuentes, con respuestas directas.
Formularios más utilizados en procedimientos sancionadores y expedientes liquidatorios.

NOTA ACTUALIZACIÓN PROVIEW SEPTIEMBRE 2016

Esta actualización viene protagonizada por la Orden ESS/1452/2016, de 10 de junio, por la que se regula el modelo de diligencia de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 220, de 12 de septiembre), a la que ha sido adaptado el texto íntegro del libro.

Mediante dicha Orden ESS/1452/2016 (que desarrolla el artículo 21.6 LITSS) se ha dado un paso más para romper, definitivamente, con el Libro de Visitas de siempre, tanto el Libro clásico en formato papel como el electrónico que había sido impulsado por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. A cambio, la citada Orden introduce un diligenciado obligatorio de actuaciones (visitas a centros de trabajo y comparecencias en oficinas) que los funcionarios actuantes deberán llevar a cabo no en los Libros de Visitas, que dejan de existir, sino en el modelo anexo a la Orden y que podrá hacerse en papel pero dándosele prioridad a la vía electrónica. Se ha insertado en el libro un epígrafe específico sobre esto (abordando el contenido de la diligencia, la no necesidad de indicar que se extiende o no acta, comunicaciones que deban producirse y plazos de conservación de diligencias, entre otros aspectos), así como se han efectuado adaptaciones en diversas partes del texto allí donde se aludía al Libro de Visitas.

En el terreno jurisprudencial, se han añadido algunas resoluciones judiciales recientes por la innovación que representan en el terreno casuístico, sentencias estas seleccionadas entre las aparecidas tras la publicación del libro, en concreto las siguientes (los números de recurso se citan en el libro):

SAN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 2/2016, de 9 de diciembre, sobre anulación de sanción en un supuesto de actas de infracción y liquidación por los mismos hechos donde la inferior cotización se debía a la confianza legítima depositada por la empresa en una Circular de la TGSS y diversas resoluciones judiciales, con lo que no se aprecia dolo ni culpa respecto de la infracción.

STSJ País Vasco, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 674/2015, de 14 de diciembre, sobre imposición de sanción por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, en concreto por no haber sido evaluados los riesgos psicosociales.

STSJ Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada, 704/2016, de 4 de marzo, en un supuesto en que el inspector actuante considera que existe responsabilidad de la empresa contratista por el fallecimiento de un trabajador de otra empresa subcontratista tras sufrir un accidente laboral en una obra que estaba realizando la contratista, lo que es confirmado por el Tribunal.

STSJ Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada, 1238/2016, de 28 de abril, anulando la sanción algo superior a los 40.000 euros que había sido impuesta a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, entendiéndose que, en contra de la valoración realizada por el inspector, sí había la empresa dado formación a los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales o, en todo caso, las posibles deficiencias no quedaban suficientemente acreditadas.

STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 957/2016, de 3 de mayo, donde el Alto Tribunal confirma el Acuerdo del Consejo de Ministros que impone una multa algo superior a los 300.000 euros por infracciones relacionadas con la cotización a la Seguridad Social, ya que la Administración sí había tenido en cuenta la STC 206/2013 (que había declarado inconstitucional la disposición adicional octava de la Ley 2/2008, de PGE para 2009) y, por tanto, era correcta la graduación de la sanción, pero poniéndose de relieve la disparatada situación generada por las constantes modificaciones normativas y la inseguridad jurídica a la que conducen.

STSJ Cataluña, Sala de lo Social, 3027/2016, de 13 de mayo, aceptando el Tribunal que el Juzgado se apoye de forma clara tanto en el informe como en el acta que la Inspección de Trabajo había emitido para rechazar la petición de recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad, concurriendo diversas irregularidades que han desembocado en una sanción pero sin que se aprecie falta de medidas de seguridad que justifiquen el recargo.