El Estado puede lesionar los bienes e intereses jurídicos internacionalmente protegidos sirviéndose de un entramado complejo de actores que interactúan en el contexto internacional y que aumentan de forma exponencial. A las tradicionales bandas armadas, grupos rebeldes o mercenarios, se han venido a sumar las empresas militares y de seguridad privadas, señores de la guerra y células terroristas. Ante esta realidad en el ámbito de la responsabilidad internacional del Estado, el reto del Derecho internacional contemporáneo es contar con principios y normas jurídicas para determinar cuándo el Estado se encuentra detrás de una actuación en principio privada y en qué grado ese comportamiento es merecedor de reproche en el ordenamiento jurídico internacional. En este contexto, la presente obra tiene por objeto conocer cuándo, en qué circunstancias y con qué condiciones puede realizarse la atribución al Estado del comportamiento de los particulares. Con dicho fin, la misma se divide en dos partes. La primera De la Práctica a la Teoría analiza los principios fundamentales de carácter consuetudinario que rigen la responsabilidad internacional del Estado en lo que atañe al comportamiento privado: de un lado, el principio de no atribución al Estado del comportamiento de los particulares; y, de otro, el principio conforme al cual al Estado se le atribuye el comportamiento de los particulares que actúan en su nombre. El estudio de ambos principios, parte del examen de la jurisprudencia y de la práctica estatal, para explorar con posterioridad su concreción en el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional. La segunda De la Teoría a la Práctica se centra en el estudio de la jurisprudencia internacional más reciente. En ella se examina en un primer momento la responsabilidad en la que puede incurrir el Estado por la conducta de los particulares en el marco de los mecanismos regionales de protección de los derechos humanos y, seguidamente, se analizan los distintos grados de control manejados por los órganos judiciales como criterios para considerar como hecho del Estado el acto de los particulares. Este análisis se realiza con un doble objetivo: determinar, por una parte, cuál de ellos es más acorde con la lógica del Derecho de la responsabilidad internacional del Estado, y por otra, perfilar desde un plano teórico las soluciones que podrían articularse para cubrir los diferentes supuestos fácticos que se dan en la práctica internacional. Vanessa Ballesteros Moya es licenciada en Derecho por la UCLM con la obtención de Premio Extraordinario. Beneficiaria de distintas becas para la investigación, cursó el Programa de Doctorado sobre «Interpretación de Derechos y Libertades Constitucionalmente Reconocidos», el cual culminaría con la defensa de su Tesis Doctoral (2013) que obtuvo la calificación de Sobresaliente Cum Laude. Entre los centros donde ha desarrollado su actividad investigadora destacan el Centre of African Studies de la Universidad de Edimburgo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (San José, Costa Rica) y la Clínica Jurídica de Derecho Internacional Penal y Humanitario de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia). Entre sus publicaciones más recientes se encuentran «Responsabilidad internacional y atribución basada en el reconocimiento del comportamiento: el artículo 11 del Proyecto de la CDI», RECorDIP, Córdoba (Argentina), 2014 y «The Privatization of the Use of Force meets the Law of State Responsibility», AUILR, Washington, 2015. En la actualidad, es Profesora Ayudante Doctora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real (UCLM).