España inició un Plan de regeneración democrática que tenía como objetivo aprobar una serie de propuestas que lograran implantar un sistema que impidiese el avance de la corrupción. Entre las medidas y materias tenía un papel central un nuevo régimen de los altos cargos que permitiera superar las múltiples lagunas que se habían detectado en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado y en su desarrollo reglamentario. En este escenario se aprueba Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que junto con el título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, conforma buena parte del Estatuto de los mismos. Esta obra analiza la ordenación legal, estatal y autonómica, de los altos cargos en España, utilizando como eje vertebrador a la reciente Ley 3/2015. Un régimen que introduce numerosos avances, como son el requisito de la idoneidad para el nombramiento, la definición del conflicto de interés, el examen de la situación patrimonial tras el cese y mejoras como en las Declaraciones de Actividades y de Derechos y Bienes o en materia sancionadora. Con todo, en muchos aspectos la nueva ley no ha logrado desprenderse de la normativa anterior, reproduciendo errores, y puntos oscuros que requieren un ejercicio de reflexión e interpretación. Esta obra se continúa con la línea de buen gobierno abierta por estos autores en esta la editorial con obras anteriores relativa a la Imparcialidad en el procedimiento