Colección: Estudios - Aranzadi

La obra que aquí se presenta contiene un exhaustivo estudio de la Inspección de Trabajo en España. Se dedica esencialmente al análisis de la nueva ordenación legal aprobada en el año 2015, pero también aborda la evolución histórica de esa reconocida institución española y su incardinación en el panorama internacional y comparado. A través de las distintas colaboraciones doctrinales la obra se ocupa de la actual configuración del sistema de Inspección de Trabajo en España, de su estructura y organización interna, de su progresiva adaptación a las exigencias del Estado autonómico, de las funciones y facultades de los inspectores y subinspectores de trabajo, y, en fin, de sus especiales competencias en el ámbito de la seguridad social, de la prevención de riesgos laborales y de la solución extrajudicial de conflictos laborales. También contiene opiniones autorizadas de Catedráticos universitarios que han pertenecido al Cuerpo de la Inspección de Trabajo. La obra se cierra con un completo anexo normativo, con una amplia relación de bibliografía y con una reseña de jurisprudencia.

Es la primera obra monográfica dedicada íntegramente a la Inspección de Trabajo en España tras su reordenación legal en el año 2015.
• Analiza la evolución histórica de la Inspección de Trabajo en España y su organización actual.
• Examina las distintas facultades y funciones de la Inspección y sus principales campos de actuación.
• Aborda la perspectiva internacional y europea de la Inspección de Trabajo.
• Conjuga el análisis doctrinal con un completo repertorio normativo.

Su actualidad, pues se centra en la nueva ordenación legal de la Inspección aprobada en 2015.
Su carácter integral, pues aborda los distintos aspectos de la Inspección de Trabajo, organizativos y funcionales.
Su carácter mixto, pues conjuga las colaboraciones doctrinales con un completo repertorio normativo.

Dirigida a; Sujetos que participan en el ámbito de las relaciones laborales (trabajadores, sindicatos, empresarios y asociaciones empresariales); Abogados, asesores y otros profesionales en materia laboral y social; Administraciones e instituciones públicas; Investigadores y profesores universitarios