La incapacitación es un estado civil de la persona que se constituye mediante sentencia judicial con la finalidad de otorgar protección, ya sea en la esfera personal, en la patrimonial o en ambas, a las personas que carecen de la aptitud necesaria para regir su persona y bienes o la tienen limitada, como consecuencia del padecimiento de alguna enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico o psíquico que les impida gobernarse por sí mismas. Se trata de un instrumento de protección que no afecta a la capacidad jurídica de la persona, ni, por consiguiente, a la aptitud para ser titular de derechos y de obligaciones, porque esta idoneidad en que se traduce la capacidad jurídica es inherente al ser humano por ser un reflejo de la dignidad personal, y, por esto, la capacidad jurídica es una e igual para todas las personas, con independencia de las condiciones físicas y psíquicas en que cada uno se encuentre, dado que no se puede ejercitar ni, por ende, modificar. Así lo ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo, entre otras muchas, en la sentencia 421/2013 de 24 junio, al considerar que la incapacitación, al igual que la minoría de edad, no cambia para nada la titularidad de los derechos fundamentales, aunque sí que determina su forma de ejercicio y, por ello, tan sólo afecta a la capacidad de obrar.