Colección: Estudios

(Obra sólo disponible en formato papel)

A través de la presente obra se atiende a analizar desde un punto de vista jurídico al Reglamento 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, por el que se procede a la creación de los fondos de inversión a largo plazo europeos en aras de determinar cómo se configura este vehículo de financiación transfronterizo, en qué medida puede el derecho servir al desarrollo de la finalidad pretendida mediante su instauración y si la normativa que atiende a su regulación permite o no reportar al inversor de un marco legal de protección tal que le dote de la suficiente confianza para incentivarlo en la inversión por tales productos financieros.

CARACTERÍSTICAS

A través del Reglamento 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, se procedió a la creación de los fondos de inversión a largo plazo europeos, con la finalidad de contribuir a incrementar la reserva de capitales disponibles para la inversión a largo plazo en la economía del mañana en la Unión Europea. Pero ahora bien, para que tal tarea pueda ser abordada con éxito, además de tener que ser observado el producto financiero desde un punto de vista económico y fiscal como rentable en aras de que atraiga y genere la demanda de inversiones, es esencial que esté dotado de un adecuado marco legal que reporte de la oportuna protección a todas las categorías de inversores. Como consecuencia de lo anterior, a través de la presente obra, se atiende a analizar, a este vehículo de financiación transfronterizo en aras de pretender determinar si las normas dadas por la acción a nivel europeo, permiten reportar al inversor un eficiente marco de tutela jurídica tal, que permita incentivarlo con arreglo a la nueva opción inversora.

NOVEDADES

A través de la presente obra se analiza desde un punto de vista jurídico los fondos de inversión a largo plazo europeos, por tratarse de un nuevo vehículo de financiación transfronterizo que plantea una serie de problemas. Estos, son, en primer lugar, cual es la naturaleza jurídica que se le atribuye al nuevo producto de inversión, y ello con la finalidad de poder advertir, junto a las normas especiales, cuales son otras de carácter general y común que también le resultan de aplicación, en segundo término, en qué medida las normas dadas desde el ámbito comunitario por el que se procede a su creación, permiten configurar una herramienta jurídica útil tal que permita resolver los conflictos derivados de la aplicación del nuevo vehículo de financiación, así como, en tercer lugar, si las normas dadas por la acción a nivel europeo, permiten reportar al inversor un eficiente marco de tutela jurídica tal, que permita incentivarlo con arreglo a la nueva opción inversora.