El principio de publicidad de las actuaciones judiciales se encuentra consagrado como un derecho fundamental en el artículo 24.2 de nuestra Constitución. Este derecho no es de carácter absoluto y se encuentra sometido a ciertas limitaciones previstas legalmente. La publicidad del proceso penal implica que tengan conocimiento de las actuaciones, no solo los propios interesados, sino también extraños al proceso. Esta actividad de difusión de la noticia, garantía de funcionamiento del Poder Judicial en una sociedad democrática, se efectúa principalmente por los medios de comunicación.

El problema se produce cuando se informa sobre un hecho noticiable que se encuentra sub índice y los Mass Media, a través de un «juicio paralelo», pretenden, de forma continua y sesgada, examinar y valorar el proceso judicial, las pruebas y las personas implicadas en los hechos, y asumen así el papel de juez e inducen a este a un veredicto anticipado de culpabilidad o inocencia ante la opinión pública.

Esta actividad colisiona con posiciones subjetivas de los individuos, que también tienen la consideración de derechos fundamentales como son los derechos a un proceso justo, a un juez imparcial, a la presunción de inocencia y a recibir y comunicar información.

En este libro se estudia dicha problemática así como las respuestas que la legislación, la jurisprudencia y la doctrina dan, en nuestro Ordenamiento jurídico, para conciliar estos derechos fundamentales con los intereses mediáticos de la prensa, así como las garantías previstas legalmente en el ámbito penal, civil y contencioso administrativo para la salvaguarda de los mismos.

En la parte final del libro se apuntan posibles soluciones al problema de los «juicios paralelos» que pueden dar respuesta al interés general de la sociedad en su pretensión de obtener una justicia eficaz en la represión del delito a la vez que respetuosa con los derechos de todos los ciudadanos que se pueden ver involucrados en el proceso judicial.