La contratación del sector público mueve cifras muy elevadas, llegando a representar el 20 % del PIB, y genera una intensa actividad económica caracterizada por una potente trasferencia de capital público al sector privado y por la capacidad de generar directa o indirectamente un elevado volumen de empleos.

Desde la década de los 70, la Unión Europea ha construido un importante acervo comunitario en torno a la contratación pública con claro afán armonizador del tratamiento legal de la materia. Tal normativa ha conocido un intenso proceso de revisión y modernización, especialmente, en el marco de la denominada “Estrategia Europa 2020”, que culmina en la aprobación de tres nuevas Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, entre cuyos fines destaca la utilización estratégica de la propia contratación pública como instrumento de apoyo de objetivos sociales comunes.

Para la consecución de ese pretendido crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo y, muy especialmente, para el logro de objetivos sociales a través de la contratación pública se utilizan las denominadas “cláusulas sociales”, esto es, disposiciones, de origen normativo o convencional, incluidas en un contrato o acuerdo comercial en virtud de las cuales la parte prestadora del servicio o ejecutora de la obra asume, como condición de acceso o de ejecución, el compromiso de cumplir con determinados objetivos de política sociolaboral, como son, entre otros, la creación de más y mejor empleo, o la garantía de los derechos laborales, en especial de la igualdad de oportunidades.
Los poderes públicos españoles no han permanecido ajenos al proceso de expansión y consolidación de estas cláusulas para la protección de aspectos innovadores, sociales y medioambientales en el propio Derecho de la Unión Europea. Dicha actitud favorable al fomento de dichas cláusulas ha ido en aumento al hilo de las sucesivas regulaciones habidas en la materia.

En el presente libro los autores examinan la cuestión de las cláusulas sociales, las cuales pueden abarcar diversos aspectos, desde el cumplimiento de los derechos fundamentales y de los principios de igualdad de trato y no discriminación, hasta la aplicación de la legislación en materia social, la reinserción de personas desfavorecidas o excluidas del mercado de trabajo o las acciones positivas contra el paro o la exclusión social. Se trata, además, de una obra de máxima actualidad, puesto que está adaptada a la recientemente aprobada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las citadas Directivas europeas.