Para que los hombres puedan vivir en sociedad, en forma armónica, necesitan normas que aseguren la paz entre ellos, que hagan posible un comercio justo y que posibiliten una colaboración interindividual efectiva. En vista de que pueden diferir acerca de cuáles normas deberán ser creadas, se hace necesario establecer algún tipo de procedimiento que se encargue de determinar legítimamente el establecimiento de las mismas, verbigracia, su promulgación por una asamblea legislativa o mediante un fallo judicial. Afortunadamente en una sociedad democrática los problemas intrincados y de mayor envergadura suelen traducir un consenso; sin embargo, y como es lógico suponer, una gran cantidad de normas se relacionan con actividades especializadas que no permiten una información generalizada en toda la población. En vista de que ninguna norma puede ser tan nítidamente formulada como para avalar una aplicación absoluta y segura en todos sus casos, se hace necesaria la designación de jueces dotados de una competencia suficiente como para hacer vinculantes la interpretación de esas normas, y para determinar, legítimamente, cuál ha de ser la aplicación autorizada en los casos controversiales.