Partiendo del Texto Constitucional, se recogen los preceptos de toda la legislación ordinaria referida a la prevención de riesgos, tanto laboral (Estatuto de los Trabajadores) como en materia de Seguridad Social (Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social de 1994). El grueso de la obra está constituido por toda la normativa específica interna en materia de prevención de riesgos laborales, a partir de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; y en desarrollo de la misma (y en transposición de las correspondientes Directivas europeas) la totalidad de las normas reglamentarias vigentes, debidamente actualizadas.

Sistemáticamente, la presentación de las normas reglamentarias se articula en torno a tres criterios básicos: un primer bloque, relativo a disposiciones de alcance general tales como el Reglamento de los Servicios de Prevención o la normativa sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, entre otras; un segundo bloque, referido a normas de aplicación sectorial; y finalmente un tercer bloque, de disposiciones sobre protección de la seguridad y salud de los trabajadores frente a agentes o riesgos concretos.

De otra parte, obran también en esta recopilación las normas europeas que, por no necesitar transposición al Derecho interno, o bien por no haberse llevado a cabo todavía dicha adecuación, son transcritas en su literalidad.

La obra se completa con la normativa orgánica, sancionadora y procedimental de aplicación. En el aspecto sancionador, se abarcan todos los aspectos: penal, administrativo, laboral y de seguridad social a fin de ofrecer una visión lo mas completa posible de la tutela de la prevención por el ordenamiento jurídico.

Por lo que se refiere a la aportación jurisprudencial, entendida ésta en sentido lato, hay que señalar el vasto recorrido que se lleva a cabo a lo largo de los distintos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y de los distintos Tribunales Superiores de Justicia, en todos los órdenes de la jurisdicción que puedan verse comprometidos en la materia de la prevención de riesgos laborales (social, contencioso-administrativo, civil y penal).