El proceso de suspensión de pagos, regulado en España por la Ley especial de 1922, permite a las empresas en crisis económica, con dificultades para cumplir sus obligaciones de pago, alcanzar un convenio de espera, de quita o de ambas cosas a la vez, entre otras modalidades.

Los auditores de cuentas-interventores de la empresa suspensa, por imperativo de la mencionada Ley, colaboran pericialmente con el juzgado que les nombra, con el deudor y sus acreedores, dada su profesión contable, así como sus conocimientos y experiencias en la gestión empresarial.

Esta monografía estudia los aspectos principales, sustantivos y procesales, que surgen durante la tramitación del referido expediente, y trata de ofrecer las opiniones más relevantes de la doctrina científica y de la jurisprudencia, así como las soluciones de la práctica profesional, generalmente aceptadas por Juzgados y Tribunales, desde el observatorio del autor, Fernando Gómez Martín, Auditor de Cuentas, con cerca de cuarenta años de colaboración como perito judicial y que ha participado en más de doscientas cincuenta suspensiones de pagos y quiebras, como interventor, comisario, depositario o síndico, además de haber emitido cientos de dictámenes en pleitos civiles, laborales, penales y contencioso-administrativos, en las respectivas jurisdicciones, principalmente en Juzgados de Primera Instancia.

Puede ser útil para los profesionales de la contabilidad y la auditoría, independientes o al servicio de la empresa pública y privada o de la Administración, así como de las profesiones jurídicas (abogados, corredores de comercio, jueces, notarios, procuradores, registradores, etc.), además de en la docencia (Universidades y Escuelas de Negocios).


NOTA A LA SEGUNDA EDICIÓN

A finales de 1995, entregué al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, el original de la monografía LOS AUDITORES Y LA SUSPENSIÓN DE PAGOS, cumpliendo el encargo de su Presidente D. Ricardo Bolufer Nieto, que me había honrado al aceptar su publicación, que fue distribuida en la primavera de 1996 y quedó agotada, prácticamente, en el transcurso de un año.

Durante los tres años y medio transcurridos, además de valiosas aportaciones de la doctrina científica y de la jurisprudencia, se han publicado numerosas disposiciones, que modifican algunas de las referidas en la primera edición o inciden, directa o indirectamente, en el proceso de suspensión de pagos, y de las que espigamos, por orden cronológico, las siguientes:

- Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil.
- Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social: modificación de la base imponible del IVA.
- Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del comercio minorista.
- Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia jurídica gratuita.
- Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
- Ley 60/1997, de 19 de diciembre, que modifica el art. 33.2 del Estatuto de los Trabajadores.
- Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social: Modificación de la base imponible del IVA y de las condiciones de actuación de la Seguridad Social en los procesos concursales, así como del apartado 1 del art. 32 de la LGP. Medidas cautelares para asegurar el cobro de la deuda tributaria.
- Ley 28/1998, de 13 de julio, de Ventas a plazos de bienes muebles.
- Ley 37/1998, de 16 de noviembre, de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
- Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados.
- Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social : Medidas cautelares de carácter provisional en el procedimiento de apremio de la TGSS.
- Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y de sus sociedades gestoras.
- Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.
- Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y liquidación de valores.


Soy consciente de que toda obra se presenta inacabada y, en este caso, se constata la evidencia del Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo texto, remitido por el Congreso de los Diputados, se publica en el BOCG-SENADO, de fecha 5 de octubre de 1999.

Sin embargo, al revisar la edición anterior y preparar ésta, no sólo he procurado su actualización, sustituyendo la normativa derogada por la vigente, sino que he intentado atender las sugerencias recibidas de los lectores, cubrir las lagunas observadas y completar o ampliar aspectos omitidos o tratados parcialmente, con la finalidad de ofrecer una obra más acabada, aunque estoy seguro que perfectible, en futuros trabajos, si disfruto de las aportaciones y críticas de cuantos se asomen a estas páginas, cuyo agradecimiento expreso por adelantado, así como mi gratitud a D. Antonio Gómez Ciria, Presidente del ICAC, que lo ha hecho posible.

Es evidente que hemos cambiado el título del libro, para identificar, en vez de auditor, a secas, el auditor de cuentas, respondiendo así al deseo de voces que consideran la auditoría un campo más extenso (calidad, medio ambiente, riesgos laborales, legal, fiscal, etc.).