En la presente monografía se intenta aportar nuevos criterios para la pacificación del contradictorio tratamiento, por los Tribunales de Justicia en sede concursal, de los créditos por las retenciones a cuenta de los impuestos personales sobre la renta y con origen en las detracciones a los trabajadores (la llamada cuota obrera) para la Seguridad Social, reglamentariamente consideradas depósitos, además de estudiar los créditos institucionales, sus privilegios y efectos por la concurrencia de procedimientos judiciales y administrativos. La polémica expuesta, efervescente en Primera Instancia, ha llegado a las Audiencias, sin alcanzar la deseada "unidad de doctrina", antes bien, las resoluciones disponibles van en direcciones opuestas, a favor o en contra de su consideración como depósito. Lamentablemente no se ha pronunciado la jurisprudencia. La doctrina científica mayoritaria cuestiona su naturaliza jurídica y se apunta a la tesis de que se trata de un crédito tributario. No obstante, la Administración Pública (Hacienda y Seguridad Social) sigue, sin desmayo, la normativa reglamentaria, y defiende a ultranza su derecho de dominio, consecuentemente el derecho de separación de la masa activa "con independencia de la calificación de delito de apropiación indebida que supondría la retención y no ingreso de las cantidades no ingresadas". Pues bien, los llamados operadores jurídicos se encuentran desorientados, a mi modo de ver, particularmente los auxiliares en los procesos concursales (interventores de las suspensiones de pagos y comisarios, depositarios y síndicos de las quiebras), así como los abogados que defienden al deudor o a los acreedores. Se incorpora una segunda parte dedicada a los acreedores institucionales (Hacienda y Seguridad social) y al convenio concursal, con particular atención a los denominados acuerdos previos o convenios singulares, así denominados en sede reglamentaria, que se celebren "en el curso de los procesos concursales", es decir, antes de su finalización por convenio de masa (quita y/o espera dación en pago o para pago, liquidación y pago, etc.), con el propósito de considerar si la norma reglamentaria aparece deslegitimada y si, en su caso, dichos acuerdos previos o singulares pueden vulnerar la par conditio creditorum. Ambos temas son objeto de polémica ante los Juzgados de Primera Instancia, únicos competentes en el enjuiciamiento de las suspensiones de pagos y quiebras, con resoluciones contradictorias que han llegado a las Audiencias, sin alcanzarse la deseable unidad doctrinal. El autor, Fernando Gómez Martín, Asesor Fiscal y Auditor de cuentas, con acreditada experiencia en procesos concursales, dada su habitual colaboración judicial como interventor, comisario, depositario y síndico, ha analizado detenidamente la problemática expuesta y presenta sus conclusiones, previo estudio de la doctrina científica y de la jurisprudencia, destinadas especialmente a los llamados operadores jurídicos (abogados, corredores de comercio, jueces, notarios, procuradores, registradores, etc.), así como a los tributaristas y profesionales de la contabilidad, con la intención de coadyuvar a la solución racional de las cuestiones planteadas