Las Cortes Generales han aprobado el pasado 9 de julio de 2003 el texto de la nueva Ley Concursal, cuya finalidad declarada es satisfacer una aspiración largamente sentida por los operadores jurídicos y económicos de nuestro país de poner fin al arcaísmo y dispersión que caracterizan la legislación vigente en este importante sector del tráfico económico.

Esta nueva disciplina concursal modifica numerosos textos legislativos y, en particular, los Códigos Civil y de Comercio, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Cambiaria y del Cheque, las Leyes de Sociedades Anónimas, de Sociedades de Responsabilidad Limitada y del Mercado de Valores, la Ley Hipotecaria, Ley de Hipoteca Naval y Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento, así como las Leyes Generales Tributaria y Presupuestaria, el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Procedimiento Laboral.

Basta este simple muestreo, necesariamente incompleto, para ilustrar con claridad el alcance y trascendencia de la reforma objeto de estudio en esta publicación.