La Ley 22/2003, de 9 de julio, Ley Concursal, ha venido a cubrir un deseo ampliamente anhelado en el derecho patrimonial español porque los defectos de la legislación vigente hasta ese momento habían venido provocando fuertes críticas por su carácter anticuado y por su falta de adecuación a la realidad económica y social.
Por ello parecía necesario acometer una profunda reforma que afrontara con so luciones oportunas los retos que una sociedad moderna plantea en esta área del derecho. Además y como acertadamente se señala en la Exposición de Motivos de la Ley, ha predominado en la normativa anterior una influencia de ciertos intereses particulares en detrimento de los generales y del principio de igualdad de los acreedores.
Por otra parte, ha venido existiendo una gran dispersión de legislación, lo que se ha traducido en resultados injustos, favorecidos en muchos casos por estrategias basadas en la mala fe, abusos y ficciones difíciles de soslayar lo que acentuaba la necesidad de la reforma.
Cabe señalar también el arcaísmo de la normativa vigente hasta la promulgación de esta Ley y que en su mayor parte nació en el siglo XIX y se sustentaba en los códigos de derecho privado, civil y de comercio así como en lo que se refiere a la Ley de Enjuiciamiento Civil como materia procesal. A esto hay que unir la extensa normativa en materia de procedimientos concursales como el de la quiebra, el del concurso de acreedores, el de suspensión de pagos y el procedimiento de quita entre otros.
Puede afirmarse que la reforma llevada a cabo no se traduce en una separación con la tradición de la legislación concursal, sino en una evolución positiva que recoge la evolución registrada a nivel internacional, la legislación comparada y los intentos armonizadores en esta materia.
La nueva Ley establece tres principios básicos como son el de unidad legal, el de disciplina y el de sistema. Unidad, basada en la flexibilidad y en la agilidad de los procedimientos, que de esta forma se adaptan a las diferentes situaciones. El procedimiento único recibe el nombre de concurso y de esta manera se recupera un término tradicional en el vocabulario jurídico.
La materia concursal ha sido objeto de profundos y concienzudos análisis por los estudiosos y profesionales de la materia y como no podía ser menos la aparición de esta nueva Ley ha motivado que los especialistas en el tema realicen estudios sistemáticos sobre el nuevo marco jurídico.
Este libro que tengo el placer de presentar contiene trabajos actualizados de varios expertos en la materia. Se trata de un estudio multidisciplinar elaborado mayoritariamente por profesores e investigadores de la Facultad de Derecho de a Universidad Pontificia Comillas de Madrid.
La obra recoge diversas aportaciones de profesores pertenecientes tanto al área de la economía como de las diferentes ramas del derecho entre las que se encuentran el derecho penal, laboral, procesal, mercantil, financiero, civil e internacional. La calidad de los trabajos y la oportunidad de su aparición, una vez aprobada la Ley 22/ 2003 avalan esta publicación y la sitúan entre las obras de obligada referencia para los expertos y para los simplemente estudiosos del derecho concursal.
Por ello, entiendo que la comunidad científica se encuentra de enhorabuena ya que dispone desde este momento de una completísima aportación, indispensable en estos momentos y que constituye una guía de gran valor.