La actividad administrativa en relación con la salud de los ciudadanos abarca, como es notorio, un amplio espectro de actuaciones del más diverso tipo, que se articulan a través de muy diferentes técnicas jurídicas; asimismo, son múltiples los elementos institucionales que actualmente entran en juego con tal finalidad; por último —y esto ya mucho más intensamente en el caso específico de las intervenciones relacionadas con la salud pública—, a veces resulta inevitable la incidencia de las acciones administrativas en los derechos fundamentales de las personas afectadas.
Por otro lado, la actuación pública sanitaria viene constituyendo un objeto clásico para nuestra parcela del ordenamiento, que siempre está de actualidad (debido al valor que trata de preservar), razón por la cual su estudio —parceladamente y en conjunto— resulta de interés y utilidad en todo momento. De ahí que esta obra se nos presente como una reflexión sobre un tema de los que no pasan de moda en nuestra disciplina.
Si podemos afirmar que el Derecho Administrativo se despliega plenamente en el Derecho Sanitario, también debemos resaltar que éste, a su vez, experimenta casi todas las técnicas acuñadas por el Derecho Administrativo (en muchas ocasiones, además, de manera pionera). Así, sin ir más lejos, el novedoso principio de precaución o de cautela —principio del que, por cierto, viene siendo atento analista César CIERCO— tiene en el ámbito de la salud pública un destacado banco de pruebas, como se podrá apreciar con la lectura del capítulo II de este libro.
En relación con la salud colectiva siguen apareciendo nuevos retos por dos razones bien diferentes: por un lado, como consecuencia del objetivo de aumentar cuantitativa y cualitativamente el más completo bienestar físico y psíquico de las personas; y, por otro lado, debido a los riesgos imprevistos y muchas veces impensados con los que nos tenemos que enfrentar, que desbordan cualquier tipo de frontera geopolítica y que conllevan vehementes requerimientos y exigencias a las autoridades públicas de eficacia y contundencia en su solución. En este último caso, hay ocasiones incluso en las que el prójimo es visto como un peligro y, entonces, hay que ser verdaderamente cuidadosos porque se plantean conflictos (también jurídicos) de complicada solución. De todas estas difíciles cuestiones se trata en este libro.
En efecto, César CIERCO nos ofrece en su trabajo un recorrido bien construido sobre las actuaciones administrativas en el mundo de la salud pública, que nos guía con rigor y claridad por el complejo entramado jurídico que las regula y donde formula, además, propuestas bien pensadas, como es —por poner sólo un ejemplo— la utilización de las previsiones relativas al internamiento de los enfermos mentales (entre nosotros, tradicionalmente en el ordenamiento civil) para otros ámbitos de actuaciones públicas sanitarias (aunque también creo que en ningún momento se puede olvidar la diferente ratio de uno y otras).
Con este libro se continúa, así, el esfuerzo llevado a cabo entre nosotros por destacados especialistas en Derecho Sanitario como son MUÑOZ MACHADO, REBOLLO PUIG, BELTRÁN AGUIRRE y, por supuesto, Juan PEMÁN GAVÍN, a quien el autor dedica esta publicación y cuyos buenos oficios se perciben detrás de este estudio.
Aprovecharé finalmente la oportunidad (y el honor) que me ofrece el prologar este libro de César CIERCO para manifestar un juicio o valoración personal —como tal, discutible— consistente en que, frente a tantos y tan excesivos lamentos jeremíacos que hoy escuchamos, si se miran las cosas con un poco de perspectiva, es indudable que hoy nos encontramos con el mejor sistema sanitario público con el que nunca hemos contado (y me atrevería a decir que tampoco habríamos podido soñar, hace bien pocos años). Y ello no sólo por los puros avances técnicos, sino, sobre todo, primero, porque el proceso político de descentralización acertadamente estableció que el grueso del desarrollo y de la ejecución material de las prestaciones sanitarias recayesen en el nivel de las Comunidades Autónomas; segundo, porque éstas, en términos generales, han asumido responsablemente tal cometido; y, tercero, porque la Ley General de Sanidad de 1986 —promovida por el luego tan llorado Ernest LLUCH— atinó con la opción organizativa básica allí establecida: un Sistema Nacional de Salud a partir de la integración de los de cada Comunidad Autónoma. Y aunque los retos siguen siendo grandes y en ningún momento se puede descuidar la tensión por la mejora del sistema, ni el modelo está agotado ni existe alternativa sensata al mismo. Creo, además, que ha sido en el ámbito de la sanidad, precisamente, donde mejor han funcionado los instrumentos de coordinación y colaboración; incluso el proceso de gestación de la importante Ley de Autonomía del Paciente (que acaba de desmenuzarnos el propio Juan PEMÁN), así como el de alguna otra norma y decisión sanitaria importantes, es un elemento esperanzador, en términos políticos, por el consenso básico alcanzado.

Edorta COBREROS MENDAZONA
(Septiembre de 2005)