La aprobación de la Ley 60/2003, de Arbitraje, ha engendrado interesantes expectativas respecto de ciertos temas que, aun cuando no desconocidos, se hallaban adormecidos. Precisamente uno de éstos es el de las medidas cautelares. No eran ajenas las referencias realizadas por la Ley 36/1988, y posteriormente por la LEC 1/2000, así como por la doctrina y la jurisprudencia que desde hace más de tres lustros, venían pronunciándose en torno al régimen jurídico cautelar en el arbitraje. Sin embargo, la legislación arbitral de 2003 apuesta de forma significativa por la potestad arbitral cautelar y su convivencia, pacífica y de buena fe, con la tutela cautelar
judicial.
Esta obra ofrece respuestas a las múltiples cuestiones que se suscitan en sede cautelar arbitral, ofreciendo un análisis del régimen jurídico cautelar arbitral y del régimen jurídico cautelar judicial en el arbitraje. En la misma se analizan, desde un repaso dogmático y conceptual, el objeto del proceso cautelar, los sujetos, los presupuestos, la posibilidad de la tutela cautelar arbitral ante causam y sus dificultades prácticas en ciertos casos, procedimiento cautelar, laudo cautelar, efectos, impugnación y ejecución del laudo. Es un estudio realizado desde la visión práctica de la autora y al análisis doctrinal, nacional y extranjero, amén de jurisprudencial en torno al arbitraje. Y todo ello, sin olvidar el importante papel que en los últimos años ha realizado la Comisión de Naciones Unidas para la unificación del Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), que no ha cesado, desde la aprobación de la Ley Modelo en 1985, de elaborar propuestas de mejore del texto, siendo uno de los elementos nucleares de éstas "las medidas cautelares".
La combinación de teoría y práctica de la autora en materia arbitral augura una obra de interés para los juristas en general, para los árbitros en particular, sean o no abogados en ejercicio, así como para los jueces que han venido creyendo en la necesidad de ir conviviendo pacíficamente Jurisdicción y Arbitraje, como dos cauces que el Estado ofrece y protege para alcanzar la tutela debida por los ciudadanos.