Esta obra aborda el estudio de uno de los servicios municipales obligatorios: los mercados minoristas de abastos. Con una perspectiva jurídica, son muchas las cuestiones que estos centros comerciales suscitan: la especificación del contenido del servicio municipal, esto es, de la obligación que a través de él se impone al Ente local; la determinación de cuál es la actividad típica y, en esa medida, necesaria en el mercado; la concreción del perfil jurídico del vendedor de abastos y, como corolario suyo, de las obligaciones que el servicio municipal le impone; la delimitación de la actividad esencial del mercado frente a otro tipo de relaciones comerciales y económicas que el mercado también alberga; lógicamente, la descripción del régimen jurídico de estas otras actividades que se desarrollan a la par que la actividad típica de abastos; etc.


Al hilo de las cuestiones anteriores, otras dotadas de un alcance más general van viendo la luz. De esta forma, se aborda el estudio de los denominados servicios privados de interés general, así como de los servicios privados que ocupan el dominio público. Su diferente naturaleza está fuera de toda duda entre la doctrina; sin embargo, el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales ha arrastrado más confusión que claridad en esta distinción, motivo por el que se profundiza en la caracterización de ambas categorías y en el quantum de intervención que en cada una de ellas puede reservarse el municipio.


La gestión de los servicios municipales es otro aspecto de obligado tratamiento. En concreto, y como consecuencia de la naturaleza del mercado, es trascendental el examen de su condición de obra pública y, a la postre, de las formas de gestión de las obras públicas. Tan tradicional institución tiene una presencia notable en este libro y ofrece no pocas claves para progresar en el conocimiento del mercado minorista de abastos. Por último, y sin pretensión de agotar las materias analizadas, han de destacarse las reflexiones sobre el papel de los comerciantes de abastos en la gestión del propio servicio municipal, en su autogestión, y esencialmente en las limitaciones que en este protagonismo introduce la normativa comunitaria y su trasposición al derecho interno en materia de contratación administrativa.