En los últimos años hemos atendido a una realidad reiterada en la mayoría, por no decir en todos, los Municipios españoles; la instalación masiva de infraestructuras de telecomunicaciones y, sobre todo, de antenas de telefonía móvil. A la queja de los colectivos y ciudadanos, preocupados por los posibles efectos nocivos que las emisiones radioeléctricas podían tener para la salud, han dado respuesta los Ayuntamientos, aprobando ordenanzas reguladoras en la materia. Éstos últimos se venían amparando en las competencias que nuestro ordenamiento jurídico les reconoce en materias en estrecha vinculación con las telecomunicaciones, protección del medio ambiente, de la salud pública y urbanismo, sin olvidar la garantía que supone la autonomía local reconocida en los artículos 137 y 140 CE. Normas locales que se han visto frecuentemente recurridas por los operadores de telecomunicaciones,
bajo el pretexto de que´las "telecomunicaciones" es un título que la CE atribuye en exclusiva al Estado (art. 149.1.21). Tras una jurisprudencia vacilante y poco concluyente de los diversos Tribunales Superiores de Justicia, finalmente, el TS en las Sentencias de 24 de enero de 2000 y de 18 de junio de 2001 sentó las bases, complejas, de estas relaciones. La jurisprudencia mencionada, junto con el nuevo marco regulador de las comunicaciones electrónicas, aprobado en el ámbito europeo en el año 2002, han dado como resultado en nuestro país la aprobación de una nueva Ley reguladora de tas telecomunicaciones (Ley 32/2003, 3 de noviembre).
En definitiva, pretendemos dar a conocer el nuevo sistema normativo de las comunicaciones electrónicas y poner de manifiesto la configuración jurídica de la intervención local en las telecomunicaciones.