El blanqueo de capitales de origen delictivo, fundamentalmente del narcotráfico, es, desde hace ya muchos años, motivo principal de preocupación para los gobiernos y para la comunidad internacional.
Fruto de esa preocupación ha Sido la aparición de una amplia normativa, tanto por parte de organismos y entidades supranacionales como a nivel español. Entre los primeros cabe citar la Declaración de Basilea de 1988, la Convención de Naciones Unidas del mismo año, el Convenio de Estrasburgo de 1990 y, en especial, las Recomendaciones del GAFI de 1990, recientemente revisadas. Yen el ámbito de la Unión Europea, la Directiva 2005/60/CEE, que ha venido a sustituir a las anteriores Directivas 91/308/CEE y 2001/97/CEE.
A esta preocupación por el blanqueo de capitales de origen delictivo se ha venido a sumar, en los últimos tiempos, la referente al fenómeno del terrorismo internacional, que ha generado asimismo iniciativas encaminadas a prevenir su financiación.
Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo son dos fenómenos conceptualmente distintos, pero que utilizan con frecuencia los mismos canales y métodos para el movimiento de fondos, y de ahí que las fórmulas de prevención y represión y los organismos responsables de ello sean con frecuencia comunes o estén coordinados.
En España la norma fundamental en materia de prevención del blanqueo de capitales es la Ley 19/1993, actualizada por la Ley 19/2003, complementada por diversas disposiciones de inferior rango, entre las que caben destacar los Reales Decretos 925/1995 y 54/2005. Y en materia de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo, la Ley 12/2003 y la Ley Orgánica 4/2003.
Esta normativa afecta a todas las entidades y actividades susceptibles de ser utilizadas con fines de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: bancos y demás entidades de crédito y entidades financieras, entidades aseguradoras, casinos de juego, actividades de promoción inmobiliaria e intermediación en la compraventa de inmuebles, actividades relacionadas con el comercio de joyas, piedras y metales preciosos, objetos de arte, antigüedades, filatelia y numismática, actividades de transporte profesional de fondos y medios de pago, comercialización de loterías, actividades de giro o transferencia internacional por vía postal, e incluso personas físicas o jurídicas que actúen en el ejercicio de su profesión como auditores, contables externos o asesores fiscales, así como notarios, abogados y procuradores.
A todas estas entidades, profesiones y actividades, les es de aplicación la mencionada Ley 19/1993, su Reglamento (Real Decreto 925/1995) y demás normas de desarrollo, así como la también citada normativa sobre prevención de la financiación del terrorismo.
Esta obra analiza y comenta toda esta normativa y expone de forma didáctica las exigencias que impone a los distintos sujetos obligados, haciendo asimismo referencia a las normas sobre transferencias, cobros y pagos con el exterior. Un apéndice legislativo recoge asimismo el texto integro de todas ellas.
<