En esta obra se estudia la posición constitucional del Gobierno bajo la perspectiva de su proyección en el sistema normativo. Así, aunque la función de dirección política sea compartida por los órganos constitucionales de mayor peso (Parlamento, Tribunal Constitucional y Gobierno, básicamente), el papel de director de la política lo ejerce el último a través de su intervención en el proceso de creación y aplicación de la ley, por más que la titularidad por antonomasia de la potestad legislativa venga atribuida a las Cortes Generales y el Tribunal Constitucional se erija en legislador negativo (y, a veces, positivo). Configurado de tal suerte el Gobierno como supremo director de la política, y dadas las potencialidades de la ley como instrumento de dirección normativa y su sentido político como acto de soberanía, se estudia en estas páginas la preponderancia del Gobierno en las tres fases del procedimiento legislativo (iniciativa, elaboración y perfeccionamiento) y en la aplicación del producto legislativo. A tal efecto, se examina el liderazgo político del Gobierno enfocando el "arte de gobernar" como "arte de legislar"