Durante los años 90, Europa experimentó una notable oleada privatizadora de empresas públicas. La reintroducción al mercado
de estas empresas estratégicas, sin embargo, puso de manifiesto la necesidad del Estado de continuar velando por los intereses
públicos que desarrollan (telecomunicaciones, energía, banca, etc). Con esta filosofía nacieron las llamadas acciones de oro o los
procedimientos de autorización previa para determinadas operaciones, interviniendo ya sea sobre la composición accionarial o
sobre la gestión de la empresa.
Los mecanismos de ejercicio de estas acciones, han sido declarados incompatibles con la libre circulación de capitales europea
en tanto que los critrerios de ejercicio no son objetivos y estables y no se conocen de antemano. Más que declarar ilegal la
acción de oro, la jurisprudencia comunitaria obliga a administrativizar los criterios de su ejercicio.