La reciente introducción del principio de autonomía como criterio formal rector en las relaciones sanitarias, potenciada jurídicamente desde que entrara en vigor la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía y los derechos del paciente, está transformando radicalmente la prestación de los servicios sanitarios ya que viene a alterar no sólo el equilibrio tradicional de las obligaciones y derechos recíprocos entre el usuario y el personal sanitario, sino también la praxis cotidiana de dicha relación.

Las exigencias del nuevo marco legal y su efecto transformador de la relación con el paciente son particularmente notorias en el procedimiento en el que se formaliza el consentimiento informado, mediante protocolos de una extraordinaria complejidad y disparidad, que, en ocasiones, dan lugar a situaciones de auténtica inseguridad jurídica.

Los autores han analizado profundamente la norma e investigado el resultado real de la exigencia ordinaria y la plasmación práctica del c.i. en los centros sanitarios, en términos de garantía de la legalidad, seguridad jurídica y derechos fundamentales de usuario y personal de los servicios sanitarios, en orden al mejor desarrollo de una futura reglamentación de esta praxis, que asegure la deseable satisfacción de los objetivos de aquella Ley, y de las normativas que la complementan.

El estudio, realizado bajo los auspicios de la Universidad Francisco De Vitoria de Madrid, con sus resultados, se ofrece en la presente publicación a las diversas administraciones competentes, sociedades médicas y científicas, así como a los protagonistas de esta nueva relación jurídico administrativa en el área de la salud: los profesionales sanitarios y, sobre todo los pacientes y usuarios.