En el Informe de Salud Laboral 2004 se identifican algunos problemas estructurales en el mercado laboral y la estructura productiva española, que dificultan la aplicación de las políticas de prevención de riesgos laborales: entre ellos, cabe señalar la baja calidad del empleo caracterizado por una temporalidad muy alta, sobre todo en mujeres y jóvenes, a lo que hay que añadir la inmigración, y el elevado número de microempresas. Los recientes cambios en el marco normativo tratan de hacer frente a estas realidades, insistiendo en la imprescindible coordinación empresarial, si bien la negociación colectiva sigue siendo muy débil en este campo. Queda pendiente de reforma la definición de las responsabilidades empresariales, que la oriente hacia la prevención y la protección del trabajador lesionado. Existe un evidente déficit de información sobre las condiciones de trabajo y los riesgos laborales, en los que deberían de basarse las políticas preventivas, no tanto en las consecuencias. Las encuestas sobre condiciones de trabajo son necesarias, y deben mejorarse, pero son insuficientes, pues tendrían que complementarse con estudios de campo sobre riesgos higiénicos, ergonómicos, psicosociales y de seguridad.