Es ya conocido por todos que la Directiva 89/391/CEE, o Directiva Marco en prevención de riesgos laborales vino a suponer un importante paso hacia adelante en algo tan vital como es la concienciación de todos, en aquello que hoy claramente conocemos como la Cultura de la Prevención. Con la transposición al ordenamiento jurídico español de dicha norma comunitaria, y la posterior entrada en vigor de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), muchas han sido las virtudes que se han reconocido a dicha normativa, y su posterior desarrollo reglamentario, en el mundo laboral.
Tampoco hemos olvidado en esta obra las recientes reformas laborales en general, o de la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular, que han venido a realizar significados "ajustes" a la realidad que afecta al sector, tales como la Ley 39/1999, el Real Decreto Legislativo 5/2000, o la Ley 54/2003.
La función más significativa de esta nueva LPRL es la de constituir el marco jurídico e institucional de la salud y seguridad en el trabajo, y la de clarificar la situación legislativa preferente, dando en buena medida por finiquitada la heterogeneidad y dispersión normativa que en tiempos pretéritos caracterizaba a nuestra legislación en materia de seguridad e higiene laboral