La Administración pública y sus empleados no son ajenos a la aplicación plena de la normativa preventiva, salvo en aquellas excepciones que sean dignas de tal calificativo; por ejemplo: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, la recepción plena de la normativa preventiva en el ámbito de la
Administración pública, ha generado una verdadera desnaturalización de la protección preventiva, convirtiendo este ámbito de aplicación en el perfecto antónimo de la enfática vocación universalizadora de la Ley. El análisis de los textos normativos, sus antecedentes, el mareo constitucional en el que se ubican, así como los mecanismos de exigencia de responsabilidad cuando la Administración infringe disposiciones de naturaleza preventiva, son manifestaciones reveladoras de la atonía existente entre la protección y prevención de la salud y los empleados públicos como receptores de tal cobertura. Tales deficiencias no hacen más que confirmarse y aumentarse en el ámbito de la Administración de Justicia, en donde las dificultades de adaptabilidad propias de cualquier Administración, se ven superadas por la inaplicabilidad absoluta de sectores nodales del ordenamiento preventivo, con lo que ello supone de cercenamiento de derechos de los empleados públicos allí adscritos.