Colección: Cuadernos Civitas

Con ocasión de resolver el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno de Aragón contra el artículo del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana que reconoce el derecho de los valencianos a gozar de una cantidad de agua de calidad suficiente y segura y a la redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias, la Sentencia constitucional de 12 de diciembre de 2007 ha procedido a sistematizar una doctrina general sobre la estructura territorial del Estado que incorpora algunas novedades de enorme calado y trascendencia.

Si, tras un largo y costoso proceso de casi ya treinta años de práctica y jurisprudencia constitucional, las piezas maestras en las que se sustenta el Estado Autonómico podían considerarse definitivamente asentadas, con la nueva interpretación que esboza el Tribunal Constitucional esas piezas dejan de tener el significado y funcionalidad que se les ha venido dando. La Sentencia en cuestión -aunque de pasada y sin una suficiente argumentación- parece respaldar la tesis de la llamada desconstitucionalización del sistema de reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas; una tesis que puede resultar de capital importancia a la hora de justificar la constitucionalidad de buena parte de las previsiones del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Asimismo, la Sentencia deja abierta la posibilidad de que las extralimitaciones competenciales en las que puedan incurrir los Estatutos de Autonomía queden limitadas a la mera declaración de ineficacia que no comporte la invalidez de las correspondientes previsiones. Y también aporta, entre otros hallazgos, una muy singular interpretación del significado y valor que debe reconocerse a las declaraciones de derechos en los Estatutos de Autonomía, siempre que las mismas traigan causa de las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas.

Todas estas cuestiones y algunas otras más son objeto de un detallado análisis en el presente estudio. Un análisis que lleva al autor a formular una rigurosa crítica de la reinterpretación de las bases constitucionales del Estado Autonómico que con esta Sentencia se anuncia. Con ello, se trata, además, de llamar la atención sobre la urgente necesidad de abrir un amplio debate jurídico ante el riesgo cierto de que, de manera silenciosa, casi inadvertida, y al margen, desde luego, de los cauces obligados para la reforma de la Constitución, se pueda llegar a materializar tan espectacular cambio en la configuración misma del Estado.